La Cámara de Diputados resolvió destrabar el tratamiento de varios pedidos de intervención a municipalidades señaladas por presuntas irregularidades administrativas, aunque en paralelo optó por cerrar el paso a solicitudes de informes vinculadas a la gestión de Itaipú Binacional, lo que reavivó cuestionamientos desde sectores opositores.
La reactivación del estudio de las intervenciones fue impulsada por el diputado disidente Roberto González, quien argumentó que la medida responde a reclamos ciudadanos de distintas localidades que exigen claridad sobre el manejo de sus municipios. Según expresó, el avance del proceso permitirá evidenciar qué legisladores están dispuestos a respaldar medidas de transparencia y quiénes optarían por proteger a autoridades cuestionadas. El análisis de los casos fue agendado para el próximo 21 de abril.
Entre los intendentes alcanzados por los pedidos figuran Hernán Rivas, jefe comunal de Tomás Romero Pereira; Tomás Olmedo, de Ñemby; Vidal Argüello, de Yby Yaú; César Machuca, de Ybyrarobaná; Silvio Peña, de Emboscada; Elvio Coronel, de Juan León Mallorquín; y Juan Manuel Ávalos, de Lima. En todos los casos, las respectivas juntas municipales ya habían dado curso a solicitudes de intervención por supuestos hechos de corrupción.
En particular, sobre la administración de Rivas pesan denuncias que apuntan a un presunto perjuicio patrimonial de alrededor de G. 9.000 millones, entre recursos provenientes de royalties y fondos propios. Las acusaciones también incluyen cuestionamientos a obras públicas ejecutadas con maquinaria estatal sin que ello se reflejara en una reducción de costos para la comuna.
En el caso de Ñemby, la gestión de Olmedo arrastra investigaciones por un faltante cercano a G. 700 millones, además de procesos por supuesta lesión de confianza, estafa y utilización de documentos falsificados.
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