El gobierno de Honduras ha intensificado su campaña contra las pandillas tras los recientes estallidos de violencia criminal, pero su respuesta limitada pasa por alto las variadas dinámicas de crimen organizado en juego.
La presidenta Xiomara Castro anunció nuevas medidas de seguridad el 22 y el 25 de junio, con las que reafirmaba el estado de excepción vigente desde diciembre de 2022, cuyo objetivo es frenar la violencia y la extorsión perpetradas por las pandillas en Honduras.
El gobierno delegó la administración de las prisiones a la policía militar e implementó toques de queda en Choloma y San Pedro Sula, las dos ciudades más grandes después de la capital Tegucigalpa.
Rafael Sarmiento, jefe de la bancada de Castro en el Congreso, también se comprometió a designar como terroristas a todos los pandilleros.
Las nuevas medidas fueron una respuesta a dos episodios de violencia masiva los cuales fueron atribuidos a las pandillas por la policía.
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