La adquisición de los equipos de espionaje telefónico obligó a un desembolso de más de dos millones de dólares en el marco de groseras maniobras administrativas en perjuicio de las arcas del Estado, según el expediente de la investigación llevada adelante por el fiscal anticorrupción Martín Cabrera.
El legajo revela que el principal operador del presunto negociado o tragada fue el ahora imputado Francisco De Vargas, quien con la historia de “potenciar la lucha contra el narcotráfico” dispuso la compra de costosos equipos que resultaron ser obsoletos y sobrefacturados.
De Vargas había ordenado la compra en el marco de su primera gestión al frente de la Senad después de haber sido nombrado para el cargo por el entonces nuevo presidente liberal Federico Franco en el 2012 tras la destitución de Fernando Lugo.
Los equipos de espionaje fueron adquiridos en forma directa por parte de una empresa que se había inscripto como proveedora del Estado en julio de 2012, sin experiencia en el rubro de equipos de espionaje antidrogas y un capital de apenas 60 millones de guaraníes.
Televox SA es el nombre con el que se inscribió la firma y, a pesar a un ínfimo capital, ofreció al Estado un equipo por 10.000 millones de guaraníes, según la carpeta de investigación fiscal.
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