Primero, el hecho de que los concejales alineados al jefe comunal deciden defenestrar a uno de los suyos ¡por denunciar un caso de corrupción! Y por el otro, el grupo de gente que en vez de defender los intereses de la comunidad, apoyar al denunciante y presionar hasta que se aclare el caso denunciado, hacen todo lo contrario. La ciudadanía lo votó para ser contralor, y en la primera oportunidad que tiene para demostrar su integridad moral se alía a los enemigos del pueblo, a los que quieren esconder los manejos turbios de la cosa pública. Demás está decir que sería muy intersante escuchar qué opina en este caso la verborrágica senadora de PDP Desiré Masi, al saber que uno de los suyos se puso al lado del grupo político-económico más cuestionado del Alto Paraná, para despojar de su banca a un colega y ocupar él su lugar.
Concejales colorados de la Junta Municipal de San Alberto, que responden al intendente zacariísta Carlos Ramírez López, al más puro estilo de los gobiernos despóticos, aduciendo abandono de cargo, desalojaron de su banca al edil Edgar Sochtig, quien había sido electo por el partido Democrático Progresista. Hicieron jurar en su reemplazo a Ediño Martins, quien pertenece al mismo partido. La razón esgrimida por los ediles para hacer jurar al suplente es que el titular no acudió a las tres últimas sesiones.
El concejal desalojado de su banca hace varias semanas sigue soportando todo tipo de atropello debido a que conjuntamente con otros dos colegas había denunciado un caso de corrupción en la administración de Ramírez López. Poco después de radicar su denuncia, el edil ya no pudo ingresar a la Junta Municipal para sesionar. Hasta solicitó y consiguió una orden judicial que le permita ingresar al legislativo, pero una turba integrada por simpatizantes del jefe comunal se lo impidieron una y otra vez.
Paraguay es un pueblo de cretinos decía el gran Cecilio Báez. Y agregaba, no existe el sentimiento de la responsabilidad, porque es nulo su sentido moral. Esta conducta de los gobernantes y funcionarios públicos, sus abusos y atentados han desmoralizado a la sociedad, entre cuyos miembros están disueltos los vínculos de solidaridad, de tal suerte que cada individuo, cada círculo, cada gremio, cada grupo social se encierra en su egoísmo y no tiene en cuenta sino sus particulares intereses.
Cuan actual siguen siendo sus palabras. En una sociedad civilizada, custodia de la cosa pública, no ocurriría lo que está pasando en San Alberto. Primero, el hecho de que los concejales alineados al jefe comunal deciden defenestrar a uno de los suyos ¡por denunciar un caso de corrupción! Y por el otro, el grupo de gente que en vez de defender los intereses de la comunidad, apoyar al denunciante y presionar hasta que se aclare el caso denunciado, hacen todo lo contrario. Forman una turba violenta e impiden que el denunciante siga haciendo su trabajo. Ahora, la Junta integrada por Nelson...
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