El defensor del Pueblo está en la cuerda floja ante las graves denuncias en su contra y la serie de cuestionamientos a su administración. El lunes, diputados estudiarán un eventual juicio político.
El defensor del Pueblo, Miguel Godoy, se resiste a dejar su cargo, a pesar de las graves denuncias en su contra y la cantidad de irregularidades atribuidas, que hacen insostenible su continuidad.
Godoy tiene en puerta un eventual juicio político, cuyo estudio en la Cámara de Diputados se agendó para el lunes a la tarde. Un grueso de irregularidades se exponen en los dos libelos acusatorios contra el defensor, que fueron presentados ante la Cámara Baja.
COBROS ILEGALES. Una de las anomalías que se detallan, y que está entre las más graves, tiene que ver con supuestos cobros indebidos a objetores de conciencia. Este hecho, además, motivó una denuncia penal contra Godoy por exacción (exigencia de pago ilegal).
La denuncia impulsada por la abogada Diana Vargas expresa que el defensor del Pueblo “ha hecho una interpretación antojadiza” del artículo 21 de la Ley 4013/10 -que reglamenta la objeción de conciencia- “con el único fin de recaudar ilegalmente”. Dicho artículo indica que solo se podrá cobrar a aquellos que se declararon objetores antes de la entrada en vigencia de la ley (2010) y no quieren realizar el servicio civil. Las personas que llegan a la edad en la que deben cumplir el servicio militar obligatorio, pero prefieren declararse objetores, no están obligadas a pagar.
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