La prisión de Paraguayo Cubas y de otros imputados por la manifestación que encabezaron frente a la casa del fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, evidencia que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial se someten a los intereses del gobierno de turno.
La fiscala Stela Maris Cano pidió al Tribunal de Apelación ratificar la prisión del concejal de Ciudad del Este Celso Miranda, de su hijo Celso Miranda y del edil Miguel Martínez y el arresto domiciliario de Jorge Almada y Raimundo Ayala Dávalos. Todos, junto al abogado Paraguayo Cubas, preso en la cárcel de Emboscada, participaron el 29 de enero pasado de la manifestación frente a la casa de Díaz Verón.
En primera instancia, los jueces Griselda Caballero y Paublino Escobar ratificaron la prisión de los imputados por comisión de hechos punibles de daño a cosa de interés común, perturbación de la paz pública y resistencia.
La fiscalía, para sostener la prisión de los encausados, atribuyó a los mismos la violación del inciso 2° del artículo 234 del Código Penal, que dice que el autor tiene que portar un arma de fuego u otro tipo de arma, con la intención de usarla; o incitar a un saqueo o participar de este. En este caso, la pena se eleva a diez años de cárcel y convierte el hecho en un crimen y no delito. Por lo tanto, la ley no permite medidas sustitutivas.
Sin embargo, el Ministerio Público no aportó elementos que por lo menos evidencien que Cubas como los otros imputados hayan portado armas, incitado a usarla y mucho menos participar de un saqueo.
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