Nuestro gobierno insiste en hacer prevalecer el Acuerdo Energético de Caracas (AEC), que erráticamente consideran ofrecería mayores beneficios, cuando esto no es real. En la cláusula N° 4 del Acuerdo firmado por Nicanor Duarte y el entonces presidente Hugo Chávez (+) se establece que solo el 25% del suministro puede ser financiado y el 75% restante debe ser pagado al contado. Este gobierno ni siquiera lee bien lo que pretende utilizar como defensa.
En el hipotético caso de que Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) cambie de postura y acepte (aunque se observa muy difícil) la posición paraguaya de desconocer el contrato de refinanciación y las adendas, de la millonaria deuda (de casi US$ 300 millones) que suscribió el gobierno de Fernando Lugo, de igual modo la posición paraguaya no es la correcta.
El discurso de este gobierno es aferrarse al AEC, supuestamente porque ofrecería mayores beneficios al país en materia de financiamiento y plazos, pero mienten a la población. Efectivamente, el AEC habla de un financiamiento a 15 años de plazo, pero ello no fue expresamente autorizado por ley como exige la ley de administración financiera para poder endeudar internacionalmente al país, por lo que desde el punto de vista de la ley no corresponde, sino los contratos que rigen en las operaciones.
Con las interpretaciones erráticas, este gobierno podría agudizar aún más la ya difícil situación en que nos dejaron los gobiernos de Duarte Frutos y Fernando Lugo. El “aporte” del gobierno de Cartes en este tema podría ser el de duplicar la deuda.
En el caso de una lejana posibilidad de que Venezuela termine aceptando aplicar el AEC por encima de todos los acuerdos firmados, que en realidad son los documentos válidos para las operaciones comerciales que se dieron en estas transacciones, igual nuestro país tendría un negro panorama.
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