El gobierno argentino redobló la apuesta de Claudio “Chiqui” Tapia, reelecto el jueves para un tercer mandato como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hasta 2028 en el marco de una asamblea que consideró “ilegal” y amenaza con aplicar “graves sanciones” al dirigente y a la entidad, con la que mantiene una puja por el desembarco de las sociedades anónimas en este deporte (SAD).
“Las acciones de Tapia lo exponen a graves sanciones. Nadie está por encima de la ley”, afirmó Daniel Roque Vítolo, titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, que el martes había ordenado suspender las elecciones tras hacer lugar a un reclamo presentado por el presidente del club Talleres de Córdoba, Andrés Fassi.
Suspendido por la AFA por un período de dos años, Fassi pidió impugnar los comicios a inicios de este mes, aduciendo que carecían de sentido porque los actuales mandatos del Comité Ejecutivo de la entidad caducan en marzo y que la decisión de anticiparlos respondía a una maniobra para impedir que se postularan candidatos opositores a Tapia.
El presidente de la AFA resultó electo por unanimidad pese a que la resolución de la IGJ, que no impedía la realización de la asamblea, pero sí suspendía la elección e impugnaba algunos puntos que de todos modos fueron abordados, como cambios en el estatuto que permiten ahora hasta cinco mandatos consecutivos para las autoridades y la eliminación de los descensos de categoría en esta temporada con un nuevo formado del torneo de primera división con 30 equipos.
Vítolo calificó de “ilegal” el acto eleccionario y consideró que las decisiones adoptadas por Tapia, los integrantes del Consejo Directivo de la entidad y los asambleístas pueden ser consideradas como un delito de desacato a la justicia y podrían derivar en acciones legales, incluida la eventual intervención de la AFA.
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