Cerca de 90.000 paraguayos cayeron en el consumo de drogas y en un ciclo de delitos menores o a veces más graves, abandono familiar y exclusión social. Entre la falta de empleo, la precariedad educativa y la ausencia de políticas efectivas, la respuesta estatal sigue siendo insuficiente frente a un problema que ya afecta a miles de familias.
Durante cuatro meses, Carlos (nombre ficticio), de unos 20 años, convirtió el rincón frente al baño de un surtidor en Capiatá en su lugar de estadía. Cubierto con ropas anchas y polvorientas, su cuerpo enflaquecido se ocultaba bajo el cabello desordenado, una barba incipiente y la mirada perdida. Se movía con pasos lentos, sobreviviendo con lo que encontraba en la basura o con las monedas que pedía para fumar o comer algo.
Los vecinos sabían que había sido expulsado de su casa por su adicción y los pequeños hurtos que empezó a cometer para sostener su vicio. Algunos lo evitaban por miedo; otros, con cautela, se detenían a hablarle. Una tarde sorprendió al barrio cuando ayudó a una vecina a recuperar a su perrito perdido. No quiso dinero, solo aceptó un sándwich. Poco después desapareció. Nadie sabe si cayó preso, si la calle lo devoró o si logró rehacer su vida.
La historia de Carlos se repite en barrios de todo el país. Jóvenes escondidos bajo capuchas buscan entre los desechos algo para vender y arrastran un mismo destino: consumo, pequeños robos, pasos por comisarías y juzgados, y un rápido retorno a la calle. Bajo los efectos de las sustancias, pueden incapacitar a un trabajador o dejar a un niño sin madre, y aun así vuelven a la intemperie, sin contención ni salida.
La falta de empleo formal y de oportunidades educativas golpea con fuerza. En zonas rurales, hasta ocho de cada diez familias dependen del cultivo de marihuana porque los productos tradicionales ya no alcanzan para sostenerse. Sin trabajos estables ni formación técnica, muchos adolescentes terminan en la economía informal o el microtráfico, donde el dinero llega rápido, pero a un costo devastador.
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