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En coincidencia con el aumento del consumo de energía del verano, volvió a la discusión pública la necesidad de revisar las tarifas de la ANDE (Administración Nacional de Electricidad), específicamente el criticado pliego de marzo de 2017, pero al mismo tiempo se ha puesto sobre la mesa el tema del subsidio a partir del uso para dicho fin de los “gastos sociales” de las binacionales.
Sin desatender la importancia de poner a disposición de la industria la energía hidroeléctrica a precios convenientes y evitar así que por cuestiones tarifarias se apele a la utilización de derivados del petróleo para el consumo en horas punta, la aplicación de una tarifa “más social” de la ANDE engloba aspectos que merecen un análisis apropiado.
El financiamiento que se propone para subsidiar el consumo mayoritario de la población, que enmarca la tarifa residencial, podría provenir supuestamente de los famosos “gastos sociales” de Itaipú y Yacyretá, que anualmente estarían alcanzando unos US$ 200 millones, con su uso discrecional por los políticos y que ni siquiera figuran en el presupuesto de la nación.
Lo que en todo caso correspondería es que, a la vista del cúmulo de necesidades reales en el campo social, se destinen los fondos de las binacionales para otorgar asistencia a los sectores que están más urgidos, y no precisamente para financiar una parte del consumo energético residencial, que generalmente se encarece en verano para soportar el intenso calor con equipos de aire acondicionado que llevan hacia arriba el consumo por kilowatt-hora.
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