El contralor general Enrique García tiene cinco causales de enjuiciamiento político. La principal es su imputación por no haber apelado el fallo que condenó a la Municipalidad de Asunción a pagar US$ 3,6 millones a Ivesur, representada por el abogado Juan Ernesto Villamayor, apoderado del Movimiento Colorado Añetete.
También está la autoasignación de García en viáticos para un viaje a un evento en Madrid, España, que duró cuatro días, pero el dinero fue otorgado para 10. Recibió G. 12.983.700 cobrando por demás G. 8.644.616. También la asignación de más de G. 6.906.665 en viáticos a otros dos funcionarios.
Igualmente, señala el libelo acusatorio la contratación de un servicio de consultoría de su directora de Gabinete, Norma María Martínez Irigoitia, por G. 108.000.000, para elaborar un manual de funciones cuando en la institución existe una dirección encargada para el efecto. La funcionaria realizó una sola modificación al manual existente, al agregarle la Dirección General de Gabinete, de la cual ella es cabeza.
Otro hecho que se le cuestiona al contralor es que haya redireccionado los rubros para favorecer a sus allegados.
Además, por el audio en el que el exsecretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Raúl Fernández Lippman (imputado), y el exsenador Adolfo Ferreiro (AP) mencionan que se abogó para evitar la imputación de García por el caso Ivesur.
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