Trabajadores del Indert respondieron al titular de la institución, Justo Cárdenas, quien hizo referencia la semana pasada a la corrupción del funcionariado. “No somos nosotros los que estamos siendo investigados por enriquecimiento ilícito”, dispararon.
La administración actual del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) ha sido cuestionada por el uso discrecional de más de US$ 21 millones en la construcción de sistemas de agua, obras que fueron repartidas a los políticos y amigos del Gobierno de Horacio Cartes, según se pudo corroborar. Así también, por varios casos relacionados a la distribución de lotes pero sobre todo, por el trabajo del catastro rural denominado Sistema de Información de Recursos de la Tierra (SIRT), que demandó hasta el año pasado US$ 5,1 millones.
Ahora, a todo esto se le suma el enfrentamiento con los sindicatos de trabajadores de la institución, Sintra y Sintibir, quienes se oponen rotundamente, al igual que gremios de campesinos y empresarios, a la intención de Cárdenas de que por una ley, el SIRT se convierta en una dependencia permanente del Indert.
Precisamente, funcionarios y campesinos han venido protestando y expidiéndose en contra del proyecto de ley de creación del SIRT, que está en la Cámara de Diputados, y en respuesta, Cárdenas convocó la semana pasada a una conferencia de prensa. En esa reunión, defendió los trabajos del catastro rural y dijo que no es posible hacerlos con los funcionarios (al margen del SIRT) porque en el pasado, ellos promovieron adjudicaciones irregulares violando el Estatuto Agrario.
Ante tales declaraciones, los funcionarios sindicalizados dijeron esta mañana que es fácil denigrar al funcionariado, mientras las autoridades enfrentan procesos penales por la comisión de aparentes delitos. “No somos los funcionarios de menor rango los que estamos siendo investigados por enriquecimiento ilícito”, dijo Lino Ávila, haciendo referencia al proceso que enfrenta Cárdenas.
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