El Tribunal de Cuentas, primera sala, no hizo lugar a la medida cautelar de urgencia solicitada por Nancy Vega Lucas, contra la resolución de su destitución de la Defensoría del Pueblo. La misma ostentaba cargo de directora y era funcionaria de confianza del exdefensor del Pueblo, Miguel Godoy.
En la preopinión del juez Alejandro Martín Ávalos, correspondía hacer lugar a la medida cautelar en favor de la citada funcionaria, entre otras cosas porque su remoción se dio sin sumario administrativo a pesar de contar con casi seis años de antigüedad.
“Se encuentra demostrado por los perjuicios irreparables que pudiera ocasionar el efecto de la resolución impugnada, en la persona del accionante, atendiendo que el mismo es funcionaria de la Defensoría del Pueblo donde cumplía funciones propias de la Institución; y al verse afectada la percepción mensual de su salarios como funcionaria, está siendo perjudicada, pues estamos hablando de “salario”, que constituyen el sustento de una persona”, expuso el magistrado.
Esta considera dentro de su potestad discrecional, establecer una contracautela, para responder de todas las costas y de los daños y perjuicios que pudieren ocasionar si hubiere pedido la medida cautelar sin derecho, o con abuso de ello, consistente en una garantía real en efectivo, garantía bancaria o una Póliza de Seguro por el valor de guaraníes cinco millones (Gs. 5.000.000)
Por ende se hallan reunidos los presupuestos legales establecidos en el Art. 693 del C.P.C.; corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la señora Nancy Vega, y en consecuencia, suspender los efectos de la Resolución DP N° 1525 de fecha 1 de noviembre de 2022 y su denegatoria ficta, dictadas por la Defensoría del Pueblo, ínterin se resuelva el fondo de la cuestión, ordenando la reposición del actor en el mismo cargo que ostentaba.
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