Anadelia Acosta Armoa, funcionaria del Congreso sospechada de ser parte de un esquema que habría desviado las indemnizaciones de la ANDE destinadas a dos familias humildes de Caaguazú. Llegó a un acuerdo extrajudicial con los afectados pagándole la suma de G. 300 millones a cada una en reparación del daño. El acuerdo se firmó el lunes último.
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