CIUDAD DEL ESTE (De nuestra redacción regional). Un accionista de una fábrica de plásticos de la zona, cuyo manejo está judicializado, denunció al político colorado Javier Zacarías Irún de supuestamente obstruir el cumplimiento de una resolución judicial que designa un nuevo administrador de la industria en cuestión.
La medida cautelar fue dictada por la jueza civil Máxima Meza el jueves último y debía ser de cumplimiento inmediato, pero hasta ayer no se ejecutó el mandamiento judicial.
Uno de los accionistas de la empresa Mega Plásticos Industrias Laminados Sintécticos SA, Rogerio do Amaral, denunció públicamente a Javier Zacarías y a un grupo de abogados de presuntamente usar sus influencias en la Policía Nacional para impedir el cumplimiento de la orden judicial.
El juzgado civil del primer turno de Ciudad del Este, a cargo de Máxima Meza, designó al abogado Javier Ibarra como administrador judicial de la mencionada planta fabril, ubicada en el Km 22, Acaray, de Minga Guazú. La magistrada encomendó a un oficial de justicia que ejecute el mandamiento judicial, con acompañamiento policial.
Según la abogada Leticia Bóveda, la excusa dada en la Policía para no cumplir la orden judicial es la “falta de un jefe para encabezar el operativo”.
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