Bien temprano, a las 7:38 de la mañana del 19 de julio del 2012, Luis Rojas como director Antidrogas sugirió por nota al entonces titular de la Senad, Francisco de Vargas, la contratación de la empresa Televox para adquirir un equipo móvil de espionaje. El pedido no tiene nada de extraordinario si no fuera que la citada empresa no tenía ninguna experiencia en operaciones de ese tipo y registraba nulo movimiento. Creada a nombre de Nicasio Bóbeda, un exfuncionario de Copaco y con capital de apenas G. 60 millones, se planteaba concretar un negocio que rondó los 2.200.000 dólares, casi G. 9.500 millones
Lo más sugestivo de todo es que la empresa sugerida por Luis Rojas (Televox) hizo una presentación-cotización del producto a la Senad con el mismísimo e idéntico formato de propuesta comercial utilizado por la empresa Cardinallis SICGSA, propiedad de Rojas junto con Atilio Gómez Buongermini (involucrado en el caso VIP Securities) y Eduardo Ariel Felippo.
Fuentes a las que accedió nuestro diario aseguran que ya habría un documento donde se imputaría a varias personas a partir de los indicios revelados.
Consultamos sobre el punto al fiscal Martín Cabrera y este aseguró que aún aguarda los últimos detalles bancarios. “Estamos esperando un informe del Banco Familiar, las copias de los cheques que fueron librados por Nicasio Bóbeda, si fueron de gerencia, nominal, al portador, para ver a quiénes pagó. Queremos saber dónde y quién retiró el dinero. El mismo Luis Rojas pidió que se siga el circuito de los cheques, una vez que tengamos lo que nos falta tomaremos la decisión que corresponda”, dijo el fiscal.
Sobre la posibilidad de que esto sea un juego político contra el actual ministro del Interior para sacarlo del camino en la postulación para el cargo de fiscal general del Estado, Cabrera dijo ayer que esta investigación se inició en conjunto con Tributación a raíz de las facturas falsas presentadas por varias empresas para obtener créditos fiscales. “Una de las que apareció fue Televox que, según la SET, presentó facturas por más de G. 5.000 millones, de contenido falso”.
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