La reciente respuesta pública de la Fiscalía de Ciudad del Este a la denuncia presentada por Demas Pablo Fernández Cano contra su expareja, Sandra Tamari Barreto, expuso una problemática aún más profunda, el protocolo institucional aplicado por el Ministerio Público que no protege a los hombres víctimas de violencia familiar, sino que los somete a […]
El informe presentado por el médico forense del Ministerio Público, Aníbal Duarte, evidencia la revictimización del denunciante, quien fue sometido a exámenes físicos y psicológicos. La víctima afirmó ser objeto de hostigamiento, acoso y persecución por parte de su expareja.
La reciente respuesta pública de la Fiscalía de Ciudad del Este a la denuncia presentada por Demas Pablo Fernández Cano contra su expareja, Sandra Tamari Barreto, expuso una problemática aún más profunda, el protocolo institucional aplicado por el Ministerio Público que no protege a los hombres víctimas de violencia familiar, sino que los somete a un proceso que los revictimiza y, en los hechos, prácticamente los convierte en sospechosos.
Tras la publicación del artículo titulado “Fiscalía congela causas contra mujeres, pero acelera procesos contra hombres”, la agente fiscal Estela Mary Ramírez afirmó que la investigación se inició el mismo 9 de julio, día en que Fernández Cano presentó su denuncia. Según el comunicado oficial, se tomaron medidas como la declaración testifical del denunciante, una evaluación médica legal y una asistencia psicológica. Además, que solicitó al Juzgado de Paz, medidas cautelares de prohibición de acercamiento, para evitar nuevos episodios de acoso o violencia por parte de la denunciada. No...
Este “protocolo”, repetido en todos los casos en que la víctima es hombre, pone en duda el enfoque de protección y revela una práctica institucional donde el denunciante es tratado casi como un imputado.
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