El fiscal Juan Benegas solicitó sanciones procesales para Selva Portillo Rodas y su defensa, a quienes acusa de obstaculizar reiteradamente el avance de la causa mediante incidentes y cambios de abogados con fines dilatorios.
El agente fiscal interviniente señaló que la audiencia preliminar fue suspendida en al menos cinco oportunidades, todas ellas por causas atribuibles directamente a la defensa o a los imputados. En particular, se denunció que algunas designaciones de nuevos defensores se realizaron con evidente propósito dilatorio, incluso provocando la inhibición del juez natural de la causa.
Uno de los hechos más relevantes se dio cuando, en vísperas de una audiencia fijada, la procesada nombró como defensor al abogado Edgar González Prieto, sobre quien existían antecedentes de incidentes con el juez actuante. Esto obligó a la inhibición del magistrado, la remisión de la causa al juzgado subrogante y la reprogramación de la audiencia, afectando los principios de celeridad y economía procesal.
Desde el Ministerio Público se recordó que estas prácticas se encuentran expresamente prohibidas por el artículo 112 del Código Procesal Penal, que establece que las partes deben actuar con buena fe y abstenerse de promover planteos dilatorios o abusar de las facultades procesales.
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