Fiscal menciona que es necesaria una ley que exija un control exhaustivo a las chatarrerías. Otro agente refiere que el destino final se desconoce, ya que el procedimiento policial es en flagrancia.
Para el Ministerio Público está claro que el robo de cables para extracción de cobre está manejado por una estructura, ya que las personas que cometen el delito, arriesgando sus propias vidas, lo hacen porque existe alguien que compra, pero que hasta ahora no llegaron a los compradores por falta de denuncia directa.
El fiscal Julio Ortiz, de la ciudad de San Lorenzo, menciona al respecto que es necesaria una ley que exija un control exhaustivo de las chatarrerías, para perseguir a todas ellas y a los compradores en general de cobre.
“Se trata de reducidores, son ellos los entes encargados de recibir y recaudar el producto de todos los ladrones; también compran los vehículos robados, desmantelan y los venden como autopartes”, explicó el agente.
En la ciudad de Capiatá es casi similar la situación. Indicó la fiscala Zoila Martínez que el destino final del cobre hasta ahora se desconoce, porque al momento del procedimiento policial la detención es en flagrancia y no registran denuncias específicas contra alguna chatarrería o contra alguna persona que se esté dedicando a reducir el producto.
Leer la nota completa en Diario UltimaHora
