El fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Luis Piñánez realizó ayer dos allanamientos a las ONG que trabajan con el Indert en el “negocio” de los pozos. Uno de los organismos es aparentemente “de maletín”, pues en su dirección solo hay un motel y casas particulares, mientras que el segundo sí contaba con oficina, pero se vieron irregularidades. De lo hallado en el segundo caso se colige que el procedimiento oficial estipulado para contratar constructoras fue remplazado por una repartija de fondos entre los amigos.
La comitiva fiscal llegó primeramente hasta la dirección declarada por la Fundación Resedá Poty, presidida por Karina Patricia Ozorio, que fue adjudicada con más de G. 12.000 millones del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). En el lugar, Avda. General Genes e/ Cerro Corá de San Lorenzo, no existe dicha ONG; en las cuatro esquinas solo hay un motel, “New Bambu”, una parada de taxi, una casa y un negocio.
El agente y sus colaboradores labraron acta de lo encontrado, al igual que la declaración de los lugareños que no conocían a ninguna Patricia Ozorio ni tampoco a la ONG de referencia.
Posteriormente, allanaron la Asociación Alto Forest, ubicada en la calle Saturio Ríos 990, también de San Lorenzo, que fue adjudicada con más de G. 12.200 millones (ver cuadro).
La presidenta de esta ONG, Verónica Coronel Nakagawa, recibió a la comitiva del Ministerio Público y cuando esta le requirió los documentos de los sistemas de agua potable, respondió que no tenía los originales porque estaban en poder de Patricia Ozorio. Al ser requerida cuál es su vinculación con Ozorio, respondió que ella es “la contratista”, encargada de las obras, con quien llegó a un acuerdo de trabajo “verbal”.
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