El fiscal Andrés Eduardo Arriola debe solicitar la reapertura de la causa contra 65 personas que en el 2015 atropellaron parte de una propiedad de 20 hectáreas, ubicada en el kilómetro 29 de Minga Guazú (Alto Paraná), y formular la acusación correspondiente. El Ministerio Público había solicitado sobreseimiento provisional, mientras los ocupantes siguen campantemente en …
El fiscal Andrés Eduardo Arriola debe solicitar la reapertura de la causa contra 65 personas que en el 2015 atropellaron parte de una propiedad de 20 hectáreas, ubicada en el kilómetro 29 de Minga Guazú (Alto Paraná), y formular la acusación correspondiente. El Ministerio Público había solicitado sobreseimiento provisional, mientras los ocupantes siguen campantemente en el inmueble. Ahora, para colmo, la otra parte de 10 hectáreas que está loteada y administrada por la inmobiliaria Raíces, también fue invadida por otro grupo de supuestos “sintechos”.
CIUDAD DEL ESTE.- La propiedad en cuestión está individualizada como finca 10239 y pertenece al ciudadano Víctor José Agüero González. Los invasores serían todos vecinos de los alrededores, quienes en el 2015 ocuparon 10 hectáreas del lote. Días atrás, otro grupo de personas -encabezado Basilio Parra Leiva y Wilfrido Báez González- ingresó a la otra fracción de 10 hectáreas, que está loteada y administrada actualmente por la inmobiliaria Raíces.
La investigación sobre la invasión inicialmente estuvo a cargo de la fiscal Analía Rodríguez, quien había individualizado y procesado a 65 ocupantes, pero días antes de la fecha para presentar el requerimiento conclusivo fue trasladada a la Fiscalía Zonal de Presidente Franco. En su reemplazo asumió el fiscal Osmar David Legal, quien no pudo presentar la acusación, considerando que faltaba el resultado de una pericia documentológica.
Luego, en abril pasado, asumió la unidad penal número 9 el fiscal Andrés Arriola, quien ahora debe pedir al Juzgado Penal de Garantías la reapertura de la causa y luego formular la acusación contra los 65 invasores, quienes se exponen hasta a 5 años de pena privativa de libertad. De igual modo, el representante público debe iniciar el proceso penal contra los nuevos invasores, según indicaron los abogados de Agüero.
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