El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) pagó unos G. 1.600 millones a una ONG para provisión de sistemas de agua potable, pero esa entidad resultó ser una bodega. El hecho fue comprobado ayer por una comitiva fiscal que allanó el lugar en el marco de la investigación por coimas en el “negocio” de los pozos.
CORONEL OVIEDO (Víctor Daniel Barrera, corresponsal). Hace unos días el Ministerio Público quiso allanar una ONG que trabajó con el Indert, llamada Reseda Poty, pero en el lugar encontró un motel.
Ayer la comitiva fiscal se constituyó en la dirección de otro organismo, denominado Acción, y esta vez verificó en el sitio un local de expendio de bebidas.
El presidente del ente rural, Justo Cárdenas, había defendido a capa y espada las millonarias transferencias directas a dudosos organismos, adjudicados con más de US$ 20 millones en total. Pero ahora la propia Fiscalía comprueba las numerosas anomalías denunciadas por la prensa.
En la mañana de ayer el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción René Fernández y, como coadyuvante, el agente Luis Piñánez allanaron tres ONG de Coronel Oviedo. Miembros de estos organismos habían sido imputados el mes pasado por soborno, luego de verificarse que depositaron dinero en la cuenta personal de Santiago Ochipinti, funcionario del Indert encargado de los pozos, a su vez imputado por coima.
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