La Fiscalía de Delitos Económicos, a cargo del fiscal Silvio Corbeta, presentó una acusación contra cuatro funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y un ex empleado de una empresa tercerizada, por un millonario robo de cables que causó un perjuicio de aproximadamente G. 7.200 millones. Los acusados enfrentarán juicio oral por el delito […]
La Fiscalía de Delitos Económicos, a cargo del fiscal Silvio Corbeta, presentó una acusación contra cuatro funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y un ex empleado de una empresa tercerizada, por un millonario robo de cables que causó un perjuicio de aproximadamente G. 7.200 millones. Los acusados enfrentarán juicio oral por el delito de estafa, tras haber retirado de forma fraudulenta 334.213 metros lineales de cables entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de marzo de 2022.
Los imputados son Ronie Pastor Rodríguez Aquino, jefe de la Sección de Distribución de Limpio; Gerardo Javier Samudio Benítez; Édgar Ismael Báez González; Fernando César Giménez Morel; y Julio Javier Lovera Caballero, ex trabajador de la firma CIME SRL. Según la investigación, Rodríguez Aquino, aprovechando su posición jerárquica, habría liderado el esquema completando 300 formularios de salida de materiales (SMA) que se presume eran falsos. Estos documentos, presentados en la Sección de Despacho de la sede Boggiani de la ANDE, permitieron la extracción indebida de los cables.
El Ministerio Público sostiene que los acusados, a sabiendas de la inexistencia de una necesidad real, autorizaron y retiraron los materiales bajo engaño, destinándolos a fines no institucionales. Los cables sustraídos, de alto valor económico, incluían diversos tipos como cable de cobre desnudo de 25 mm, cable aislado de 95 mm, y cables multifilares de diferentes medidas, utilizados principalmente para puesta a tierra y distribución eléctrica.
El perjuicio patrimonial para la ANDE asciende a G. 7.199.832.507. La Fiscalía describe a los involucrados como “funcionarios desleales” que, de manera coordinada y planificada, diseñaron un esquema para obtener beneficios económicos ilícitos a costa de la institución estatal.
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