La Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción decidió ayer iniciar una investigación del sonado caso Ivesur que salpica al contralor José Enrique García. El funcionario, siendo abogado de la Municipalidad de Asunción no apeló una condena de 3,6 millones de dólares. Hay fuerte tufo a repartija.
El Ministerio Público encontró que existen suficientes elementos para iniciar una investigación del proceso en que un tribunal extrajudicial condenó a la Municipalidad de Asunción a pagar G. 18.975.014.366 (US$ 3,6 millones) a la empresa verificadora de vehículos Ivesur; fallo que la Municipalidad no apeló a tiempo pero intentó convencer a la ciudadanía y al Poder Judicial que sí lo hizo, utilizando documentos apócrifos.
La fiscala de Delitos Económicos y Anticorrupción Nadine Portillo se encargará de realizar las investigaciones correspondientes. Dos denuncias fueron presentadas en el caso. Una proviene de la Corte Suprema de Justicia a raíz de una denuncia hecha ante el Consejo de Superintendencia por el camarista del fuero civil Marcos Riera Hunter, ante la posible producción y uso de documentos públicos de contenido falso.
Riera Hunter desmintió que la Municipalidad de Asunción haya apelado la condena ante dicha instancia judicial; y la actuaria Viviana Cabrera denunció que su firma fue falsificada y que el sello que aparece al pie del “documento” no pertenece a la sala.
La Municipalidad de Asunción presentó otra denuncia en la que insiste en que su entonces abogado José Enrique García sí realizó la apelación y pide investigar al Poder Judicial. Ambas denuncias pasarán a formar parte de una sola causa.
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