Esto, debido a que el Ministerio Público recibió informes de la cooperativa Coopeduc Ltda., sobre una solicitud de vaciamiento de cuentas bancarias realizada por los imputados. Los mismos querían sacar la suma de G. 80 millones, según comentaron los intervinientes.
Escurra y Martínez fueron imputados por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito, usura y lavado de dinero. Los mismos fueron suspendidos en sus funciones.
El fiscal René Fernández había explicado que supuestamente ambos se dedicaban a hacer préstamos y, además, tendrían un patrimonio no justificable con el salario de un funcionario público.
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