La fiscala ambiental Lisa Martínez Amarilla pide una exigua sanción por la contaminación del río Paraguay con combustible. La agente del Ministerio Público se burla de la ciudadanía a la que representa, al pedir a la justicia que acepte una donación de G. 15 millones por parte de los implicados, como “reparación del daño” que se ocasionó al cauce hídrico. La benevolencia de la funcionaria genera sospecha y su actuación debería ser auditada.
El 13 de octubre pasado la fiscala presentó a la jueza de garantías de Lambaré Isabel Bracho el requerimiento número 52 en el que solicita la aplicación de la suspensión condicional del procedimiento para Marcelo Ramón Gómez Mallorquín y Alcides Ramón Argüello Villalba.
El primero es auxiliar contable y el segundo técnico de seguridad industrial de la firma Copetrol. Ambos aparecen como responsables del derrame de combustible en la planta industrial de la referida empresa, ubicada en barrio Achucarro de la ciudad de San Antonio, ocurrido el 26 de agosto de 2016 y que produjo la contaminación de aguas del río Paraguay.
La gravedad del hecho en su momento incluso obligó a la Secretaría del Ambiente (Seam) a clausurar la planta industrial y posteriormente aplicar una multa de G. 1.052 millones a Copetrol.
Sin embargo, después de más de dos años de “investigación”, la fiscala Martínez Amarilla pidió una exigua pena para los responsables del grave delito ambiental, lo que genera una justificada sospecha sobre la actuación de la misma en la referida causa.
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