El fiscal Luis Piñánez afirmó que, en su opinión, hubo un hecho punible de hurto en el caso de Ramón González Daher, en calidad de instigador. Sin embargo, el Tribunal no compartió este criterio. A pesar de esto, el fiscal se mostró conforme con la pena de seis años impuesta por la sustracción de cheques. […]
El fiscal Luis Piñánez afirmó que, en su opinión, hubo un hecho punible de hurto en el caso de Ramón González Daher, en calidad de instigador. Sin embargo, el Tribunal no compartió este criterio. A pesar de esto, el fiscal se mostró conforme con la pena de seis años impuesta por la sustracción de cheques.
“Nosotros estamos conformes en el sentido de que acá se demostró una conducta ilícita al señor Ramón González y él tiene que cargar una sanción por eso. Nosotros sabemos que por otro proceso actualmente está privado de su libertad; ahora no es la misma pena que nosotros solicitamos, pero nosotros no solicitamos con una cuestión pasional, sino que nosotros consideramos la existencia de otros hechos punibles”, expresó el fiscal una vez concluido el juzgamiento.
Agregó que el colegiado de Sentencia “consideró un hecho punible que nosotros no habíamos tenido en cuenta al momento de la acusación, para ellos hubo una reducción; para nosotros hubo un hurto agravado, buscamos determinar la existencia de una instigación porque el hecho fue realizado por personas que tenían acceso al Juzgado y él recibe la posesión. El Tribunal tiene dudas de que se haya demostrado esa instigación; nosotros nunca negamos de que no se pudo llegar a determinar la identidad del autor, simplemente nosotros sosteníamos de que el análisis de las conductas son diferentes y que...
El Tribunal de Sentencia, presidido por el juez Juan Carlos Zárate Pastor e integrado por María Fernanda García de Zúñiga y Héctor Capurro Radice, condenó a 6 años de cárcel a Ramón González Daher, por reducción y quebrantamiento de depósito en el marco de la causa que investiga la sustracción de cheques que eran evidencia en su causa usura, en el que fue condenado a 15 años de pena privativa de libertad, firme y ejecutada actualmente.
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