Actuando como férreo defensor de las criptominerías ilegales que roban millones de guaraníes a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), el fiscal especializado en Hechos de Sustracción de Energía Eléctrica de Alto Paraná, Alcides Giménez Zorrilla, se negó en retiradas intervenciones a incautar las máquinas procesadoras y equipos utilizados por los operadores de esta actividad […]
Actuando como férreo defensor de las criptominerías ilegales que roban millones de guaraníes a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), el fiscal especializado en Hechos de Sustracción de Energía Eléctrica de Alto Paraná, Alcides Giménez Zorrilla, se negó en retiradas intervenciones a incautar las máquinas procesadoras y equipos utilizados por los operadores de esta actividad ilícita.
Este rubro criminal afecta gravemente el sistema energético de la región, además de las gigantescas pérdidas económicas y financieras para la empresa estatal. Uno de los casos ocurrió en el Km 24 de Minga Guazú, donde funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) efectuaron la intervención de un suministro con conexión directa en media tensión que alimentaba a más de 364 equipos procesadores de criptomonedas, que su vez generaba una pérdida mensual de G. 432.000.000 a la estatal.
La actuación del agente de la Unidad Penal N° 9 fue muy cuestionada, ya que dilató en demasía el procedimiento, inclusive exigiendo a los funcionarios y técnicos de la ANDE un “poder especial”, pedido totalmente fuera de contexto, al tratarse de un caso de acción penal pública, según indicaron asesores jurídicos de la estatal. También se encontraron transformadores de gran potencia, instalados irregularmente para perpetrar el robo de energía.
Los asesores legales de la ANDE, al plantear la denuncia y solicitar el allanamiento, peticionaron expresamente al fiscal Giménez Zorrilla la incautación de todos los equipos. Sin embargo, éste no accedió. Cuando se le consultó por qué no ordenó el decomiso total de las máquinas, señaló que los equipos “pertenecen al dueño y no hay motivos para decomisarlos todos”, ignorando así que precisamente esos equipos fueron los utilizados para el robo de energía y son elementos clave en la investigación.
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