El agente fiscal Christian Benítez aclaró el alcance legal del régimen de reclusión del expresidente Santiago Peña tras la controversia generada por el teléfono celular en su poder.
El representante del Ministerio Público precisó la distinción entre los derechos procesales del imputado y la tenencia de dispositivos de comunicación en prisión, remarcando que “la libre comunicación no autoriza uso de celular en reclusión”.
Benítez detalló que la normativa garantiza las garantías fundamentales del procesado, señalando que “libre comunicación implica que él puede ser visitado, que puede hablar con su abogado” dentro del marco penitenciario.
Con respecto al dispositivo móvil requisado, el representante fiscal informó que el aparato fue remitido de inmediato a los peritos de la institución para encarar las tareas de investigación técnica.
Mencionó que el celular ya se encuentra a disposición de los peritos para la extracción de datos, recordando que la tecnología actual permite recuperar información aun si fue eliminada previamente por el usuario
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