Centros asistenciales fronterizos reciben a más pacientes tras las restricciones en el país vecino. Autoridades locales analizan medidas ante el aumento de la demanda.
La decisión del Gobierno argentino de cobrar la atención médica a extranjeros no residentes empieza a generar efectos en la frontera con Paraguay. El decreto 366/2025, que modificó la Ley de Migraciones de Argentina, establece que los extranjeros deberán contar con un seguro de salud o pagar por las atenciones habituales en hospitales públicos. Las urgencias quedan exceptuadas.
La medida afecta principalmente a paraguayos que viven en territorio argentino sin residencia regular y que ahora optan por cruzar la frontera para atenderse gratuitamente en Paraguay. A ellos se suman ciudadanos argentinos que, por falta de cobertura o porque su obra social no cubre determinados servicios, también recurren a los hospitales públicos paraguayos.
El impacto ya se siente con fuerza en departamentos fronterizos como Itapúa y Ñeembucú, donde los centros asistenciales registran un aumento de pacientes. El problema es que muchos de estos hospitales ya trabajaban al límite de su capacidad y ahora deben absorber una demanda todavía mayor.
La situación preocupa a las autoridades sanitarias, sobre todo por la disponibilidad de camas, medicamentos, insumos y espacios físicos. El incremento de consultas programadas obliga además a reorganizar recursos que estaban destinados a la población local.
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