Lejos de reducir el gasto salarial y los cargos en el Estado –para lo cual fue creado–, el Programa de Retiro Voluntario para funcionarios públicos causa una millonaria erogación a las arcas del Estado, beneficiando a un grupo privilegiado, bajo el amparo de la Ley 1626/00, de la Función Pública.
El caso del secretario administrativo de la Cámara de Senadores, Juan Olfidio Vera Godoy, es solo uno de ellos. Este año percibirá la suma de G. 1.074 millones en concepto de retiro voluntario.
El funcionario, que tiene 35 años de antigüedad y 58 años de edad, reclama el cobro de G. 1.074.468.275. Percibía un salario de G. 19.700.000 más G. 4.780.000 en concepto de gastos de representación, totalizando G. 24.480.000, según la nómina de funcionarios del Senado.
A Vera le faltaban 5 años para acogerse a la obligación ordinaria y 8 años para la jubilación obligatoria. El funcionario incluso negó que usufructuaría la jubilación ordinaria del 100%. Su cargo se encuentra vacante.
El exsecretario general del Senado, Juan Darío Garcete, en el 2014 fue beneficiado con el Programa de Retiro Voluntario y utilizó la misma maniobra cuando le faltaba menos de un año para jubilarse. Ocupó el cargo durante 25 años y percibió G. 1.250 millones.
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