La familia de Rufo Rolando Cáceres Gamarra, el guardia de seguridad asesinado en la madrugada en Encarnación, denunció la falta de responsabilidad de la empresa para la que trabajaba ante la entrega del cuerpo y la cobertura de los gastos fúnebres. A pesar de que se le descontaba mensualmente el seguro social (IPS), nunca estuvo registrado ni contó con cobertura, y trabajaba sin chaleco, sin garita y con una silla de plástico, expuesto a cualquier situación de riesgo. Los familiares detallaron que, al intentar comunicarse con los responsables de la compañía, solo recibieron respuestas insuficientes y la presencia de un gerente que no mostró la seriedad esperada, lo que complicó aún más la gestión de los trámites para retirar el cuerpo y garantizar la atención a los hijos de la víctima.
La familia de Rufo Rolando Cáceres Gamarra, el guardia de seguridad asesinado en la madrugada en Encarnación, denunció la falta de responsabilidad de la empresa para la que trabajaba ante la entrega del cuerpo y la cobertura de los gastos fúnebres. Según relataron sus familiares, desde tempranas horas estuvieron esperando la liberación del cuerpo, sin obtener respuestas claras por parte de los representantes de la compañía. La situación generó tensión y dolor, especialmente por la presencia de los hijos menores de edad de la víctima, que quedaron sin la atención de su padre.
La familia también denunció la precariedad laboral en la que trabajaba Cáceres Gamarra. A pesar de que se le descontaba mensualmente el seguro social (IPS), nunca estuvo registrado ni contó con cobertura, y trabajaba sin chaleco, sin garita y con una silla de plástico, expuesto a cualquier situación de riesgo. Los familiares reclamaron que la empresa Guardían, que luego cambió su nombre a CR S GSR, se haga responsable de la situación, tras más de 14 años de servicio del trabajador.
Los familiares detallaron que, al intentar comunicarse con los responsables de la compañía, solo recibieron respuestas insuficientes y la presencia de un gerente que no mostró la seriedad esperada, lo que complicó aún más la gestión de los trámites para retirar el cuerpo y garantizar la atención a los hijos de la víctima. La familia exige justicia y que se cumpla con la responsabilidad de la empresa frente a los gastos funerarios y el cuidado de los menores afectados.
Este caso, que ya conmocionó a la ciudad, evidencia no solo la violencia que terminó con la vida de un trabajador, sino también las condiciones laborales vulnerables en las que prestaba servicio y la falta de respuesta inmediata de la empresa ante la emergencia. Las autoridades continúan investigando el asesinato mientras la familia lucha por que se respeten sus derechos y se garantice la protección de los hijos de la víctima.
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