El diputado colorado Carlos Núñez Salinas, el 20 de abril de 2016, admitió ante la justicia que cometió los hechos punibles de contrabando y producción de documentos no auténticos. La fiscalía comprobó que el legislador falsificó papeles aduaneros respecto a mercaderías importadas, para tributar sobre US$ 17.000 y no sobre US$ 1 millón.
En la audiencia preliminar realizada ante el juez Humberto Otazú, Núñez Salinas solicitó la suspensión condicional del procedimiento, para lo cual admitió la comisión de dos delitos. El fiscal Martín Cabrera se allanó al pedido del diputado, pero el magistrado Otazú le dio trámite de oposición.
El 17 de mayo de 2016, el entonces fiscal adjunto de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Federico Espinoza, rectificó la postura asumida por Cabrera y ratificó el pedido de juicio oral y público para el legislador por la ANR.
El 17 de marzo de 2016, el fiscal Cabrera había acusado Núñez Salinas, con base en una pericia del Laboratorio Forense del Ministerio Público que concluyó que la firma en la hoja en la que se autoriza al despachante Sergio Daniel Chaparro la realización del despacho de mercaderías, le pertenece al legislador acusado. Añadió que la firma obrante en la nota del 25 de octubre de 2012, en la que se remiten las documentaciones al legajo de despacho N° 110021C04016377Y, conocimientos, declaración de valor aduanero y la factura N° ST98009 del 8 de octubre de 2011 por la valor de US$ 17.760,...
El 13 de marzo de 2013, la entonces directora de Aduanas y actual diputada Rocío Vallejo denunció ante la fiscalía a representantes de la firma Intercom Ingeniería, presidida por Núñez.
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