La resolución se basa en la Ley N.º 6648/2020, que establece que las personas con al menos 33% de discapacidad
La resolución se basa en la Ley N.º 6648/2020, que establece que las personas con al menos 33% de discapacidad certificada, 55 años de edad y 20 años de aporte, pueden acceder a una jubilación íntegra.
El caso surgió luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas liquidara la jubilación de la funcionaria con base en una normativa anterior, otorgándole solo el 50% de sus haberes.
Según explicó Peralta, la institución argumentó que la ley vigente solo debía aplicarse a quienes ingresaron a la función pública bajo un régimen específico de inclusión. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas rechazó esta interpretación por considerarla restrictiva y contraria al espíritu de la ley. “La norma no establece esa limitación. No se puede restringir un derecho humano cuando la ley no lo hace”, enfatizó.
El fallo ordena no solo el recálculo de la jubilación al 100%, sino también la devolución de los montos no percibidos desde el año 2024, cuando se inició la acción judicial. La profesional explicó que la jubilación es un derecho adquirido por los aportes realizados durante años de servicio, y no un beneficio discrecional del Estado.
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