“Debe resaltarse que el derecho a la intimidad no es absoluto, y puede ser limitado cuando exista una necesidad imperiosa derivada de la persecución penal de delitos graves, siempre que dicha limitación sea legal, necesaria y proporcionada”, refirió el juez Rodrigo Estigarribia al argumentar la resolución por la cual dispuso la extracción de datos del […]
“Debe resaltarse que el derecho a la intimidad no es absoluto, y puede ser limitado cuando exista una necesidad imperiosa derivada de la persecución penal de delitos graves, siempre que dicha limitación sea legal, necesaria y proporcionada”, refirió el juez Rodrigo Estigarribia al argumentar la resolución por la cual dispuso la extracción de datos del celular de la jueza de paz, Analía Cibils, imputada en caso mafia de pagaré. Por otro lado, el magistrado Humberto Otazú ordenó extraer datos de los celulares del juez de paz, Gustavo Villalba y otros solicitados por la Fiscalía.
El juez Estigarribia señaló que corresponde analizar la procedencia de la medida investigativa requerida por el Ministerio Público, de acuerdo con los principios constitucionales y procesales que rigen el proceso penal en un Estado de derecho.
En ese sentido, refirió que se debe mencionar que las normas Constitucionales y procesales imponen que toda injerencia en derechos fundamentales, como la intimidad y el secreto de las comunicaciones, sólo puede realizarse conforme a ley y por decisión judicial fundada. El requerimiento presentado por los agentes fiscales invoca expresamente esta base normativa, en especial el artículo 36 de la Constitución Nacional, que autoriza la revisión de documentos, registros y comunicaciones privadas únicamente mediante orden judicial, en los casos previstos por ley y siempre que resulte...
“Asimismo, cabe destacar que la medida se justifica en virtud de los principios de búsqueda de la verdad (art. 172 C.P.P.) y libertad probatoria (art. 173 C.P.P.), que orientan la labor investigativa del Ministerio Público”.
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