Las denuncias de aumento de la extorsión en el sur de México indican que las campañas antipandillas en Centroamérica pueden estar llevando a la migración de pandilleros, que engrosan las filas de lo que fueran modestos programas mexicanos y les permiten redoblar sus actividades criminales.
En el último año, conductores y propietarios de empresas de transporte público en Chiapas, estado en el extremo sur de México, en la frontera con Guatemala, han denunciado un aumento de los intentos de extorsión por parte de “delincuentes centroamericanos”, según una investigación de Associated Press (AP), publicada el 25 de enero.
Las poblaciones alrededor de Tapachula, ciudad al norte de la frontera Guatemala-México, han sido las más afectadas. En Huixtla, localidad a 80 kilómetros de la frontera, han disparado a conductores y se presume que en el último año se generalizó la extorsión, según AP y medios locales.
Conductores de autobuses, busetas de transporte público y taxis de varias localidades de Chiapas presentaron a la AP documentos que demuestran los pagos extorsivos que tuvieron que hacer en el último año. Se dice que al menos tres conductores han sido asesinados por negarse a pagar, mientras que otros han recibido golpizas y les han quemado sus vehículos, según el medio mexicano Excelsior.
En octubre, la Fiscalía General de Chiapas anunció que abrió 122 investigaciones contra miembros de la Mara Salvatrucha 13 (MS13) y Barrio 18 en Chiapas. Entre enero y septiembre de 2022, fueron detenidos en Chiapas un total de 148 presuntos pandilleros, incluyendo 50 de El Salvador, si bien no se especificaron los cargos. En la policía del estado se creó una fuerza de tarea especial antipandillas y se desplegaron 350 soldados en los centros de transporte para responder al problema.
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