Una fiscal peruana denunció penalmente al expresidente Alberto Fujimori y tres de sus ministros de salud por cinco casos de esterilizaciones forzadas realizadas durante su gobierno (1990-2000) y que terminaron en la muerte de varias mujeres.
LIMA. El gobierno de Fujimori puso en marcha en 1996 un programa de salud reproductiva y planificación familiar que incluía cirugías de ligadura de trompas en teoría voluntarias, política con la que el mandatario buscaba frenar la tasa de natalidad y fomentar el desarrollo económico.
Pero durante los siguientes cuatro años, hubo al menos 2.164 casos de esterilizaciones forzadas. Las mayores afectadas fueron mujeres pobres, quechua hablantes de zonas rurales, según la ONG DEMUS, que defiende los derechos de la mujer.
El caso fue llevado ante la fiscalía hace 15 años por las afectadas y en noviembre de 2015 el gobierno peruano dispuso la creación de un registro nacional de víctimas de las esterilizaciones forzadas.
“Marcelita Gutiérrez, de la segunda fiscalía penal supraprovincial, denunció penalmente al expresidente Fujimori y a tres exministros de Salud porque existen indicios suficientes para denunciarlos”, dijo Milton Campos, abogado de la ONG Demus, que defiende a las víctimas de estas prácticas médicas.
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