La tesis del Ministerio Público refiere que Raúl Isaac Mendoza, exintendente de San Antonio, empleó de forma irregular los recursos provenientes del Fonacide, causando un daño patrimonial que asciende a G 715.303.500.
En sus alegatos iniciales, la fiscal María José Pérez sostuvo que el caso se originó tras una denuncia presentada en 2015 debido a que las escuelas beneficiarias del Fonacide, dejaron de recibir merienda y almuerzo escolar.
A través de las pericias, se pudo observar irregularidades en la construcción de aulas y la provisión de merienda escolar, en las escuelas San Miguel y Oñondivepa de San Antonio.
A consecuencia de la falta de rendición de cuentas respecto al uso de recursos del Fonacide, el Ministerio de Hacienda resolvió suspender la transferencia, dejando a alumnos de las citadas instituciones sin almuerzo y merienda escolar.
Las investigaciones determinaron que existe un daño patrimonial de G 715.303, en tanto la pericia de Obras forenses constató la sobreactuación en la construcción de aulas, en las escuelas beneficiadas con los fondos de FONACIDE.
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