El Parlamento Europeo emitió recientemente una resolución bastante dura contra Qatar condenando la violación de los derechos humanos de los trabajadores inmigrantes que participan de la construcción de la infraestructura del Mundial 2022.
También le señalan, en el mismo documento, su escaso compromiso con normativas ambientales de vigencia global. Lo curioso es que, sin transición, dejan a salvo la importancia estratégica que reviste Qatar dentro de la política energética de la Unión Europea.
Esta aparente contradicción queda evidenciada en el acuerdo asumido por el emirato para proveer a Alemania gas licuado durante los próximos 15 años. Tan serio es este paso que el gobierno alemán acaba de nacionalizar la empresa Uniper, uno de los mayores holdings de Europa dedicado a la provisión de energía. El Ministerio de Economía aprovechó la maltrecha situación financiera de la importadora y distribuidora de gas para quedarse con el 98% de sus acciones a un costo de unos US$ 8.400 millones.
Dos cosas quedan en evidencia en la práctica energética europea: primero, que los derechos humanos y los pactos ambientales pueden pasar a segundo plano cuando lo prioritario es calentar, mover e iluminar un país ya sumido en el invierno. Segundo, que el capítulo de la energía de fuentes renovables también puede ser puesto en pausa cuando las papas queman y el gas, el petróleo y el carbón son insustituibles a corto plazo.
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