BRASILIA. El expolicía Capitao Augusto tiene un cargo difícil de imaginar en otros países: es el líder de la “bancada de la bala”, el poderoso lobby de la seguridad en el Congreso de Brasil, partidario de la mano dura contra la criminalidad.
Su argumento: el año pasado hubo en el país más de 57.000 asesinatos. “¿Ese número no es el de una guerra? Sí, estamos en una guerra civil”, afirma el legislador, de 53 años, en una entrevista con la AFP en la Cámara de Diputados, en Brasilia. “Tenemos que combatir esa violencia y eso, desgraciadamente, no se hace con flores”, sentencia, bronceado y vestido con un traje azul eléctrico ceñido. En el dedo anular de la mano derecha lleva un gran anillo dorado con el sello del Congreso.
José Augusto Rosa, conocido oficialmente como Capitao Augusto por su condición de capitán en la reserva de la Policía Militar de Sao Paulo, es uno de los más fervientes aliados del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro en temas de seguridad en el hemiciclo de Brasilia. La receta de este diputado del Partido Liberal (PL), que tiene un revólver y una pistola en casa, no diverge de la del mandatario: más armas para los “ciudadanos de bien”, penas más duras y una actuación más severa de las fuerzas policiales lograrán contener la criminalidad en uno de los países más violentos del mundo.
“Solo con la retórica ya hemos logrado reducir la criminalidad un 22% en el primer semestre de este año” , asegura. “No hubo una mejora en la economía ni en el nivel de empleo ni en el educativo. Lo único significativo fue la elección de un gobierno dispuesto a endurecer la legislación penal”, expone.
El diputado es relator del grupo de trabajo en la cámara baja que analiza el llamado “paquete anticrimen” , el polémico conjunto de leyes contra la criminalidad propuesto en febrero por el ministro de Justicia, el exjuez anticorrupción Sergio Moro, que avanza con lentitud en el Congreso. Muy criticado por oenegés y partidos izquierdistas, el texto, que el diputado espera que sea votado en noviembre en el plenario, prevé penas más duras contra los criminales y respalda la actuación de policías y civiles en determinadas situaciones de “legítima defensa”.
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