Unos 3.700 funcionarios del Ministerio de Salud, de distintos puntos del país, denunciaron que hace años sufren descuentos compulsivos por cuentas contraídas con casas comerciales. Es el mismo caso ocurrido con los docentes. Los mismos protestaron ayer frente a la fiscalía por la excesiva demora en el inicio de las investigaciones.
Gloria Ramírez, de la Unión Nacional de Trabajadores de la Salud (Unats), contó que los estafadores son casas comerciales que operan en diferentes modalidades, que presentan distintos documentos a través de mutuales o cooperativas y si ya no pueden descontar de los salarios, venden las cuentas a bancos o financieras y vuelven a descontar el dinero con base en el mismo documento.
Detalló que hay casos en que se retiraron muebles que costaban G. 2.500.000, por los cuales ya llegaron a descontarles G. 30 millones bajo esta modalidad. “De un salario de G. 2.800.000 nos quedamos sin ni un guaraní. Ahora con el blindaje cobramos solo G. 500.000”, lamentó.
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