Los violentos episodios de enfrentamientos entre reclusos en la Penitenciaría Regional de San Pedro del Ycuamandyyú, con un saldo de 10 muertos y 14 heridos, son el resultado de una explosiva situación de hacinamiento, corrupción, maltratos, instalaciones precarias, mora en la producción de sentencias judiciales, entre otras falencias del sistema penitenciario, que hasta ahora las autoridades no han buscado desactivar y solucionar de manera determinante. Si el problema no es abordado con urgencia, el país se expone a más casos de violencia criminal y alta inseguridad, en las cárceles y fuera de ellas.
No es la primera vez que se producen rebeliones sangrientas en las prisiones. Una situación igualmente trágica se registró en 2001 en la Penitenciaría de Ciudad del Este, donde murieron 25 personas y más de un centenar quedaron malheridas tras un motín y un incendio iniciado por reclusos del PCC. En esa ocasión se alertó que algo similar podía volver a ocurrir si no se tomaban medidas urgentes, pero muy poco se hizo en respuesta.
El Mecanismo Nacional de Prevención de Torturas (MNP), que ejerce periódicos controles sobre la situación de las cárceles, produjo hace poco el informe “Pabellón de la bronca”, en el cual se establece claramente que había una población de 14.561 reclusos y reclusas en 17 establecimientos penitenciarios que tienen una capacidad máxima real de alojamiento –adaptada a los estándares internacionales en materia de derechos humanos– para solamente 4.310 personas. Es decir, hay un 337% de ocupación. Para alojar a la población que excede el espacio, se necesita construir al menos otros 22...
La gravedad de la situación no está solamente marcada por el hacinamiento físico, sino también por los altos niveles de corrupción que subsisten en la administración de las cárceles, donde muchos directivos, funcionarios y guardias no solo permiten que ingresen armas y drogas, sino conceden todo tipo de beneficios prohibidos a cambio e dinero, además de situaciones de maltratos inhumanos, instalaciones precarias, alta mora en la producción de sentencias judiciales (se mantiene un 75% de presos sin condenas), entre otras graves falencias. A ello se suma la persistencia en prisión de gran...
El Estado no puede rehuir a garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, también de quienes están presos. Si el problema no es abordado con urgencia, el país se expone a más casos de violencia criminal y de alta inseguridad, en las cárceles y fuera de ellas.
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