Un estudio realizado entre mayo y diciembre de 2016, de Investigación para el Desarrollo (ID), sobre las “Experiencias educativas campesinas y las políticas públicas”, señala que las escuelas campesinas, formadas en asentamientos, son criminalizadas por el Estado. Sus experiencias son excluidas de políticas públicas porque son vistas como “sospechosas”.
Tres escuelas campesinas, ubicadas en Edelira, Itapúa; Tava Guaraní, San Pedro; y Juan de Mena, Cordillera, que forman parte de la Federación de Escuelas Agrícolas, formaron parte de un estudio de Investigación para el Desarrollo.
El objetivo fue conocer la situación actual de la educación en este sector, debido a la ausencia de estudios sobre experiencias educativas de las organizaciones campesinas, posteriores a las Ligas Agrarias Cristianas (LAC) que entre las décadas del 60 y 70 hicieron frente a la dictadura de Alfredo Stroessner.
Ana Portillo, de Investigación para el Desarrollo, señaló que en las experiencias educativas de estas escuelas campesinas aún se percibe la criminalización del sector por parte del Estado.
“La mayoría está disconforme con el Gobierno ya que las políticas educativas para el sector campesino son muy dispersas y los planteamientos que hacen al Ministerio de Educación como propuestas de innovaciones pedagógicas son vistas como ‘sospechosas’ por parte de las autoridades”, indicó.
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