Dos ex consejeros del gobierno regional -Toni Comín y Lluís Puig- quienes reclaman un euro simbólico por daños y perjuicios junto a los otros tres demandantes.
En concreto, según su abogado Christophe Marchand, Llarena se pronunció en febrero en un acto público sobre la causa que instruye. "Declaró que consideraba que nuestros clientes no eran presos políticos (...) El juez no debía prejuzgar, dar su opinión sobre esta cuestión", agregó.
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