Nos pasa a todos. Fila, caja, cajero, pago, y nos sentimos en regla. El registro perforado, la boleta doblada y guardada, y a otra cosa. El problema es que acabamos de pagarle a la municipalidad un dinero que irá a parar a una ONG que hasta hoy no tiene control.
Es la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal u Opaci, por sus siglas, creada en la década del 60 y transformada en ONG en 1997.
Sus socios, los municipios, nos cobran en su nombre por registros de conducir, habilitaciones de vehículos y hasta transferencias de inmuebles.
Es uno de esos monstruos engendrados con un discurso, pero convertidos en la práctica en una simple caja recaudadora. Su presidente, Ricardo Núñez, nos dijo esta semana en la 730 AM ABC Cardinal, que el año pasado recaudaron casi 17.000 millones de guaraníes, aunque evitó aclarar que eso fue solo por los registros, ya que en realidad la ONG por diversos conceptos recaudó casi 42.000 millones. Al preguntarle qué daban a cambio de ese dinero, aseguró que “capacitaban” a los municipios para la expedición de los registros.
Cualquiera que conozca mínimamente cómo funcionan algunas municipalidades se dará cuenta de que esta es una tomadura de pelo. En la gran mayoría de los municipios, para obtener un registro solo es cuestión de cumplir un ritual burocrático mínimo y pagar.
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