Concebido en la actual Constitución como el representante de la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado, el Ministerio Público sirve actualmente para enriquecer a su titular y emplear a su parentela y amistades. Con la innovación constitucional se quiso cortar la racha histórica de fiscales al servicio del Poder Ejecutivo, vigente desde la época de Carlos Antonio López, pero no hay caso, los fiscales generales y ciertos fiscales siguen siendo elementos del poder político.
A pesar de los 26 años de vigencia de la Constitución actual y del nombramiento de los fiscales generales mediante una selección previa que pasa por el Senado, el Ministerio Público es más bien una oficina para enriquecer a su titular y para emplear a su parentela y amistades.
Las denuncias de que el actual fiscal general Javier Díaz Verón, con permiso hasta el 22 de abril, se enriqueció solo después de ocupar el cargo, de emplear inclusive a los compañeros de estudio de sus hijos y de ocultar sus bienes, demuestran que nuestro representante estaba más ocupado en abultar sus ganancias mal habidas que defendiendo nuestros derechos y tratando de hacer cumplir las garantías constitucionales.
Curiosamente, sin embargo, la Fiscalía tiene la misión de defender el patrimonio público y social además de precautelar los bienes e intereses colectivos. Pero como es de conocimiento público, casi todos los fiscales generales de los últimos períodos se retiraron de la función con un patrimonio muy abultado, lo que significa que cumplieron muy bien sus roles, pero solamente para ellos, no para la sociedad.
Ya en el Estatuto Provisorio de la Administración de Justicia, dictado como ley durante el gobierno de Carlos Antonio López, se define la figura del Fiscal General, pero la designación de su titular es facultad exclusiva del Poder Ejecutivo.
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