México anunció que completó el proceso para aprobar tres reformas constitucionales, entre ellas la inclusión como “delito grave” de los hechos de corrupción y la prisión preventiva de los acusados, extorsión, robo de combustibles, fraude electoral y delitos cometidos por servidores públicos.
MÉXICO (AFP). Las tres reformas planteadas por el Gobierno de Andrés M. López Obrador, que contaron con la aprobación de una mayoría calificada del Congreso bicameral y de al menos 17 de los 32 congresos estatales mexicanos, son las referidas a la extinción de dominio y la que autoriza prisión preventiva oficiosa para delitos considerados “graves”, tales como la corrupción.
Sobre la extinción de dominio, mecanismo por el que un Estado puede perseguir bienes con origen o destino ilícito declarando la pérdida de derecho de propiedad de dichos recursos, se aprobó la ampliación del catálogo de delitos sujetos a esta figura.
En la reforma se contempla incluir corrupción, extorsión, robo de hidrocarburos y delitos cometidos por servidores públicos.
Se ordena además la creación de una ley que prevea utilizar los bienes recuperados para reparar a víctimas, implementar programas de bienestar y financiar programas de seguridad, así como la creación de un instituto para administrar dichos bienes, detalló Sánchez.
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