La Ley Orgánica Municipal 1294/97 nunca fue publicada como exige la Constitución, por tanto está en duda su vigencia, según confirma una nota remitida en el año 2000 por el director de la Gaceta Oficial, Juan Carlos Cazal, a un grupo de vecinos organizados de Asunción. Esto pone en duda la validez de la ordenanza en la cual la empresa Ivesur se basa para reclamar a Asunción US$ 12.000.000.
En el año 2000, el director de la Gaceta Oficial Juan Carlos Cazal, confirmó a un grupo de vecinos organizados de Asunción, que la Ley Orgánica 1294/87, en la que todos los municipios basaban sus acciones, nunca fue publicada, por tanto estaba en duda su validez. La Constitución, en su Art. 213 señala que la ley no obliga en virtud de su promulgación y su publicación.
La dudosa vigencia a su vez pone en cuestión todas las ordenanzas emitidas desde 1987 hasta el 2010, cuando fue reemplazada por la Ley 3966/10. En este grupo está la normativa número 28/97 de la Junta Municipal en la que sustenta la empresa verificadora de vehículos Ivesur su demanda contra Asunción, por un monto de US$ 12.000.000.
La ordenanza señala que el 100% de los vehículos de la capital y aquellos que ingresan del interior del país deberán pasar obligatoriamente por verificación; e Ivesur agrega que la Comuna se comprometió a hacer cumplir esta normativa.
Sin embargo, entre los años 2008 y 2012, Asunción nunca controló si los rodados hicieron la inspección técnica vehicular, por tanto violó el contrato, señala. El abogado Julio Samaniego, quien defendió a la Municipalidad de Asunción en el caso, asegura que esa cláusula del contrato es de cumplimiento imposible, pues la ley señala que todo ciudadano que paga su impuesto en su municipio tiene derecho a transitar por toda la República, sin más requerimiento.
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