En abril de 2015, las fiscalas Teresa Sosa y Lorena Ledesma se constituyeron en el juzgado de paz de Mariano Roque Alonso, a cargo del magistrado Carlos Darío Cuéllar, donde detectaron varias irregularidades en el caso de la estafa masiva a los docentes. El magistrado tenía 18 demandas a maestros presentadas por los abogados de […]
En abril de 2015, las fiscalas Teresa Sosa y Lorena Ledesma se constituyeron en el juzgado de paz de Mariano Roque Alonso, a cargo del magistrado Carlos Darío Cuéllar, donde detectaron varias irregularidades en el caso de la estafa masiva a los docentes.
El magistrado tenía 18 demandas a maestros presentadas por los abogados de una empresa, Zully Ortiz (se pide a la Corte que le case la matrícula en caso mafia de pagarés) y Dionisio Gavilán. Trece expedientes no estaban en el juzgado, sino en poder de los letrados. Pese a su participación en aquel esquema criminal, logró seguir en el cargo. Es más, esquivó su destitución por el Jurado de Enjuiciamiento, que pese al comprobado mal desempeño solo lo apercibió y en otros casos incluso fue blanqueado por el JEM.
Según la Fiscalía, las estafas se cometían de la siguiente forma: empresas que ofrecían créditos o diversos artículos demandaban a los docentes por deudas, que en algunos casos son exageras, en otros casos que ya fueron canceladas y en algunos, ni siquiera existieron. Luego, con la complicidad de jueces de paz, actuarios, ujieres y oficiales de justicia el proceso seguía adelante, sin que los afectados se enteren, sino hasta el embargo de sus bienes o sueldos.
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