La fiscala Victoria Acuña, en octubre de 2014, declaró que la expectativa de pena del diputado de Colorado Añetete José María Ibáñez llegaba a 7 años y 6 meses de cárcel por el concurso de hechos punibles: estafa, expedición de certificado falso y cobro indebido de honorarios. Resaltó que el caso se tenía que discutir en un juicio oral. Sin embargo, en julio pasado cambió de postura y junto a su colega Nelson Ruiz se allanó al blanqueo del legislador.
El 15 de octubre del 2014, en declaraciones a diferentes medios de prensa, la fiscala Acuña había manifestado que el diputado José María Ibáñez tenía que afrontar juicio oral por los hechos punibles de estafa, expedición de certificado de contenido falso y cobro indebido de honorarios. Sin embargo, el 6 de julio de 2018 Acuña cambió totalmente de postura y se allanó, junto a su colega Nelson Ruiz, al pedido de suspensión condicional del procedimiento a favor del legislador colorado y otros acusados.
En el 2014, Acuña fue categórica en señalar que no correspondía la suspensión condicional del procedimiento a favor de Ibáñez, atendiendo que la expectativa de pena era de 7 años y 6 meses de cárcel. “Estamos hablando de 5 años, pero hay un concurso de hechos punibles y la pena podría llegar a 7 años y 6 meses de cárcel”, resaltó la agente del Ministerio Público. Insistió en que “este caso particular se debe discutir en un juicio oral”.
Casi cuatro años después, el 6 de julio de 2018, la fiscala cambió de postura y junto a su colega Ruiz blanqueó a Ibáñez a cambio de la devolución de G. 30 millones a la Cámara de Diputados (plata con la que pagó a sus caseros de su quinta de Areguá) y la donación de un generador eléctrico, que cuesta G. 117.791.278.
El artículo 70 del Código Penal, que se refiere a la “Medición de la pena en caso de varias lesiones a la ley”, establece que “cuando varios hechos punibles del mismo autor sean objeto de un procedimiento”, el autor será condenado a una sola pena que se fijará en base al marco penal previsto para el hecho más grave, en este caso la estafa, cuya sanción puede llegar hasta cinco años de penitenciaría.
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